Lo que ordena el histórico fallo para salvar el río Bogotá
En un fallo trascendental que por primera vez les impone tareas específicas a autoridades nacionales, regionales y locales, el Consejo de Estado definió la ruta para la salvación del río Bogotá, uno de los más contaminados del mundo.
Tras casi nueve años, esa Corte ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca que había ordenado el inicio inmediato de la descontaminación de la cuenca –que se extiende por 336 kilómetros desde las montañas de Villapinzón hasta el puerto de Girardot, sobre el Magdalena–, pero la amplió con órdenes específicas sobre giro de recursos y plazos para cumplir tareas.
Así, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla, el Consejo de Estado ordenó a 19 entidades de la Nación girar 6 billones de pesos para ejecutar las obras de ingeniería necesarias para descontaminar el río y para recuperar el ecosistema de su ribera, deteriorado desde el mismo nacimiento de la corriente hasta su desembocadura en el río Magdalena.
Entre las obras están el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre y la construcción de la de Canoas; una estación elevadora, para evitar la crisis energética, y plantas menores de tratamiento en 46 municipios por los que pasan las negras aguas del Bogotá.
Además, el Consejo de Estado ordenó obras inmediatas para la recolección de aguas con vertimientos industriales, domésticos y agrícolas y, puntualmente, manda meter en cintura la contaminación procedente de las curtiembres del norte de Cundinamarca y del sur de Bogotá, que son de los principales responsables del envenenamiento del río.
Otra orden perentoria es realizar un censo sobre las comunidades y empresas que afectan el cauce, para actualizar los regímenes de tributos por contaminación. El Gobierno tiene 9 meses para modificar los parámetros en los que se fijan las tasas retributivas y compensatorias que deben pagar las empresas por utilizar las aguas. Las siembras de papa, la minería y la construcción de vivienda en las cercanías del río quedan en la mira.
En los próximos tres años deberá construirse el parque ecoeficiente industrial para las curtiembres de Villapinzón, San Benito y Chocontá. Además, las empresas no podrán seguir dándole largas al cumplimiento de las normas ambientales: las curtiembres que no se legalicen simplemente no van más. Para quienes así lo decidan, el Sena y el Ministerio de Trabajo deberán implementar planes para capacitarlos y reubicarlos laboralmente.
Los males que le han quitado vida a la cuenca
Según un estudio del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, al río Bogotá le descargan al año alrededor de 165.525 toneladas de materia orgánica y 375.743 de residuos químicos e industriales.
Residuos domésticos, industriales, agrícolas y ganaderos arrojados entre Villapinzón y el Distrito contaminan el río.
Los habitantes de los municipios que lo circundan han sido testigos, durante más de 50 años, de la agonía producida por la contaminación, que ha llenado el cauce de elementos como cromo, residuos de las curtiembres y el zinc.
El río Bogotá tiene un rendimiento hídrico bajo, en tiempo seco, inferior a 20 litros por segundo/km2; el nacional es de 63, dice el Ideam. Esto reduce el agua disponible.
Esto se hizo mientras salía la sentencia
Mientras el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenaba salvar el río Bogotá era estudiado en segunda instancia en el Consejo de Estado, Bogotá construyó una red troncal que permitirá canalizar las aguas residuales, desde el canal Salitre hasta la planta de Canoas, que tendrá que ser construida. Esta planta recibirá las aguas residuales de las cuencas Fucha, Tunjuelo, Tintal y del municipio de Soacha. La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca ha liderado, con el Acueducto de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, los estudios y diseños de los planes maestros de acueducto y alcantarillado para los municipios que se encuentran sobre las tres cuencas (alta, media y baja), que ya están listos.
Según el gobernador Álvaro Cruz, también se ha trabajado en la adecuación hidráulica, que costará unos 40 millones de dólares. “Después de la ola invernal del 2010-2011, hemos trabajado en el fortalecimiento de jarillones para evitar desbordamientos; en la planeación del manejo ambiental en Villapinzón, y conseguimos que algunas empresas que estaban en el borde del río y que lo contaminaban no continúen haciendo su trabajo”, aseguró.
Por su parte, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien profirió el fallo en primera instancia de este proceso, el 25 de agosto del 2004, se mostró satisfecha con los avances. “Antes las entidades trabajaban alejadamente (...). Con esto, mejor no le hubiera podido ir al río. Hicimos que las entidades tuvieran un cambio de actitud”.
Revivir el Salto
“Queremos recuperar el salto del Tequendama, que es un sitio que hay que proteger naturalmente y como patrimonio histórico de la Nación. Estamos planteando que haya un caudal ecológico permanente para que el salto pueda volver a ser lo que conocieron nuestros mayores”, dijo el magistrado Velilla.
La sentencia tendrá impacto no solo sobre la cuenca, sino sobre todos los 46 municipios, pues se ordenan modificaciones de los planes de ordenamiento territorial (POT) para reducir el impacto de las poblaciones sobre el río, especialmente de la del Distrito Capital.Uno de los cambios será la limitación, mediante un proyecto de ley, sobre el uso de las tierras que bordean el cauce.
La sentencia es histórica, porque ordena las funciones de decenas de entidades que tienen que ver con el manejo de la cuenca pero que, según el Consejo de Estado, no coordinaban esfuerzos. Así, uno de sus apartes señala que “en el caso del Río Bogotá, la participación del Minambiente tiene que trascender las declaraciones de buena voluntad del Gobierno para constituirse en el principal apoyo” de entidades como la CAR y las de carácter local.
